Parte 7 - Examen tipo test - Administrativo/a P.I (OPE 2024) Junta de Andalucía 20/09/2025

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1 - En relación al régimen disciplinario del personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, según la regulación contenida en su artículo 168, se considera como falta muy grave:
La tolerancia de las personas jerárquicamente superiores respecto de la comisión de faltas muy graves por parte de su personal subordinado.
El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus funciones, salvo que constituya falta grave.
La falta de asistencia injustificada a los cursos obligatorios.
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2 - Indica a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuál de las siguientes funciones no corresponde a dicha Cámara:
Desarrollar las funciones de fiscalización que, por delegación, le encomiende el Tribunal de Cuentas.
El examen y aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma.
Fiscalizar especialmente los contratos administrativos celebrados por los componentes del sector público.
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3 - De conformidad con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el expediente de un contrato menor de obras:
Deberá incluir necesariamente el correspondiente proyecto de las obras a ejecutar.
Deberá incluir necesariamente el presupuesto de las obras.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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4 - El artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que, entre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, se encuentra el derecho:
A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así lo estimen conveniente.
A cumplir con sus obligaciones financieras a través de los medios de pago elegidos por los interesados.
Ninguna respuesta es correcta.
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5 - Indica cuál de los siguientes derechos del personal empleado público es un derecho individual de los previstos en el artículo 28 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía:
A recibir información y formación, con ocasión de la incorporación a un órgano o unidad administrativa, acerca de los objetivos y funciones de aquellos, de su dependencia orgánica y jerárquica, de las tareas de su puesto de trabajo, así como de cualesquiera otros aspectos relativos a la prestación del servicio.
Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
El de reunión, en los términos establecidos en la normativa estatal de carácter básico.
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6 - Según lo establecido en el artículo 100.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario, es:
El precio del contrato.
El valor estimado de los contratos.
El presupuesto base de licitación.
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7 - Conforme a lo establecido en el artículo 35 del decreto 622/2019, de 27 de diciembre, las notificaciones electrónicas efectuadas por la Administración de la Junta de Andalucía, se encontrarán en alguno de los siguientes estados:
Leídas, no leídas, rechazadas y caducadas.
Leídas, no leídas, rechazadas y prescritas.
Leídas, no leídas, rechazadas y devueltas.
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8 - De conformidad con el artículo 106.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional a los licitadores, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma que:
No podrá ser superior a un 3% del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
No podrá ser superior a un 5% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
No podrá ser superior a un 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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9 - Dispone el artículo 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que si un procedimiento iniciado a solicitud del interesado se ve paralizado por causa imputable al mismo:
La Administración transcurridos tres meses, acordará de oficio la suspensión del procedimiento.
La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
La Administración deberá advertirle que, transcurridos tres meses, se producirá la desestimación de la solicitud por silencio.