Parte 5 - Ejercicio único tipo test - Grupo Técnico de la Función Administrativa (OPE 2020) Servicio Cántabro de Salud 16/05/2026

1 - El artículo 75.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece una serie de garantías en las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos, señale cuál NO es una de ellas:

Deberán garantizar la identificación de los órganos responsables.

Deberán garantizar el control de los tiempos y plazos.

Deberán garantizar la tramitación ordenada de los expedientes.

Deberán garantizar la celeridad y la igualdad de los interesados.

2 - Según el artículo 95.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá NO ser aplicable la caducidad del procedimiento:

Cuando la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Cuando la cuestión suscitada afecte al interés general y fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Cuando la cuestión suscitada afecte a un interés general o particular y el órgano instructor así lo determine motivadamente, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Cuando la cuestión suscitada afecte a un interés general o particular y el órgano instructor así lo determine motivadamente, y fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

3 - Conforme al artículo 114.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa:

Los actos y resoluciones emanados de los órganos directivos con nivel de Director General o superior, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.

Los actos y resoluciones emanados de los órganos directivos con nivel de Director General o superior, cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

Los actos y resoluciones emanados de los órganos directivos con nivel de Director General o superior, en la resolución de los procedimientos complementarios en material sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4.

Los actos y resoluciones emanados de los órganos directivos con nivel de Director General o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.

4 - De conformidad con lo previsto en el artículo 90.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución del procedimiento complementario de fijación de indemnización por daños o perjuicios a las Administraciones Públicas cuando no ha quedado fijada en el expediente, ¿pone fin a la vía administrativa?

Sí, pondrá fin a la vía administrativa.

Sí, cuando así venga establecido en una norma legal o reglamentaria.

No pondrá fin a la vía administrativa ya que puede interponerse recurso de alzada ante el superior jerárquico.

Todas las anteriores son incorrectas.

5 - El artículo 25.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación al principio de legalidad en la potestad sancionadora, establece:

Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.

Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.

Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o reglamentario.

6 - ¿Qué plazo máximo establece el artículo 156.3 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para resolver y notificar cualquier procedimiento sancionador ordinario?

Sin perjuicio de lo que eventualmente puedan prever las leyes sectoriales aplicables, el plazo máximo que la Administración tendrá para resolver y notificar cualquier procedimiento sancionador ordinario será de nueve meses, siempre que una norma reglamentaria de carácter sectorial así lo contemple.

Sin perjuicio de lo que eventualmente puedan prever las leyes sectoriales aplicables, el plazo máximo que la Administración tendrá para resolver y notificar cualquier procedimiento sancionador ordinario será de nueve meses, salvo que una norma reglamentaria de carácter sectorial contemple un plazo menor.

Sin perjuicio de lo que eventualmente puedan prever las leyes sectoriales aplicables, el plazo máximo que la Administración tendrá para resolver y notificar cualquier procedimiento sancionador ordinario será de seis meses, salvo que una norma reglamentaria de carácter sectorial contemple un plazo menor.

Sin perjuicio de lo que eventualmente puedan prever las leyes sectoriales aplicables, el plazo máximo que la Administración tendrá para resolver y notificar cualquier procedimiento sancionador ordinario será de tres meses, salvo que una norma reglamentaria de carácter sectorial contemple un plazo menor.

7 - De conformidad con el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma?

Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 15.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 35.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 25.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

8 - ¿Qué artículo de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece que los procedimientos de responsabilidad patrimonial serán resueltos por el Consejero respectivo hasta el límite establecido para la contratación respecto de los contratos de obras?

Ninguno, porque es el Consejo de Gobierno el competente para la resolución de esos procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Artículo 159.

Disposición Adicional Cuarta.

Artículo 35.

9 - ¿Cuál de los siguientes criterios de ponderación para fijar la cuantificación de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas NO es uno de los recogidos en el artículo 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?

El grado de culpabilidad.

El resultado dañoso.

El perjuicio causado en bienes patrimoniales de la Administración Pública.

La relación con la producción del resultado dañoso.

10 - De conformidad con el artículo 54.3 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, cuando proceda la reversión, el plazo para que el dueño o sus causahabientes puedan solicitarla será de:

Seis meses, a contar desde la fecha en que la Administración hubiera notificado el exceso de expropiación, la desafectación del bien o derecho expropiado o su propósito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio.

Tres meses, a contar desde la toma de posesión del bien o derecho expropiado sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio.

Seis meses, a contar desde la toma de posesión del bien o derecho expropiado sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio.

Tres meses, a contar desde la fecha en que la Administración hubiera notificado el exceso de expropiación, la desafectación del bien o derecho expropiado o su propósito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio.

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