1 - El artículo 158.2 de la Constitución Española de 1978 establece que con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por:
El Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La Comisión de Política Económica.
Las Cortes Generales.
El Gobierno a propuesta de las Comunidades Autónomas.
2 - En materia de igualdad, el artículo 14 de la Constitución española del 78 proclama:
El derecho al trabajo.
El derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo.
El derecho a la igualdad por razones políticas.
El derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de vivienda.
3 - Señalar la respuesta correcta: Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes:
Visitas a museos, exposiciones, bibliotecas, monumentos históricos o artísticos, parques zoológicos u otros centros o lugares análogos.
Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales.
Servicios de inspección sanitaria así como los de análisis químicos.
Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.
4 - Según la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los plazos en el procedimiento expresados en meses o en años, se contarán:
A partir de los 20 días siguientes a la notificación o publicación.
A partir del día de la notificación o publicación.
Desde la fecha en que indica la norma.
A partir del día siguiente a la notificación o publicación.
5 - El contenido de un acto administrativo ha de ser:
Lícito y determinado.
Posible y lícito.
Determinado o determinable e ilícito.
Imposible y lícito.
6 - ¿Cuál de las siguientes no es una fase de gestión del presupuesto de gastos?
Reconocimiento y liquidación de obligaciones.
Disposición o compromiso de gasto.
Pago material.
Ninguna de las tres es correcta.
7 - El Defensor del Pueblo es designado para la defensa:
De los derechos fundamentales del Capítulo II del Título I de la Constitución.
De los derechos constitucionales.
De las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo del Título I, y de la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución.
De los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución.
8 - En cuanto a la revisión de los actos administrativos según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes.
Las facultades de revisión legalmente establecidas podrán ser ejercidas únicamente cuando por prescripción de acciones o por el tiempo transcurrido, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto únicamente, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.