1 - Las certificaciones de todos los actos y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad, así como las copias y certificados de los libros, se expedirán siempre, salvo precepto expreso que disponga otra cosa, por:
El Alcalde.
El Secretario.
Un Concejal o Teniente de Alcalde.
El Interventor.
2 - El órgano competente para adoptar el acuerdo de aprobación provisional de una Ordenanza fiscal de un impuesto municipal en un Ayuntamiento es el/la:
Pleno de la Entidad.
Presidente de la misma.
Junta de Gobierno Local.
Cualquiera de ellos.
3 - ¿A qué tipo de documentos se corresponden los dictámenes?
Documentos de instrucción.
Documentos de juicio.
Documentos de terminación.
Documentos de decisión.
4 - ¿Quién custodia los Libros de Actas estando bajo su responsabilidad en la Casa Consistorial?
El Alcalde.
El Secretario.
Un Concejal o Teniente de Alcalde.
Cualquier funcionario.
5 - ¿Qué órgano es competente para realizar el nombramiento del personal funcionario?:
El Alcalde.
El Pleno.
La Junta de Gobierno Local, antes Comisión de Gobierno.
El Ministerio de Administraciones Públicas, a propuesta del Concejal de Personal.
6 - Según la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuándo puede ejercerse el derecho de oposición?
Al mes.
En cualquier momento.
A los tres meses.
A los 15 días.
7 - ¿Qué recurso administrativo vienen regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo Común?
El recurso de apelación.
El recurso de amparo.
El recurso de casación.
El recurso potestativo de reposición.
8 - A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Señala la opción incorrecta:
Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.