1 - ¿Qué Real Decreto aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales?
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
Real Decreto 1372/1986, de 5 de noviembre.
Real Decreto 1732/1986, de 13 de junio.
Real Decreto 1372/1986, de 16 de septiembre.
2 - ¿Cuándo podrán los administrados conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesado?
Solo en la fase de instrucción.
Únicamente en la fase de alegaciones.
Tan solo en la fase de prueba.
En cualquier momento.
3 - De acuerdo con el artículo 117 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario:
Suspenderá la ejecución del acto impugnado.
No suspenderá la ejecución del acto impugnado.
Ejecutará la ejecución al acto suspendido.
Impugnará la nulidad del acto ejecutado.
4 - ¿Qué combinación de teclas me permite pegar un texto copiado?
Ctrl + V.
Ctrl + Z.
Ctrl + C.
Ctrl + A.
5 - Respecto al procedimiento para hacer efectiva la exigencia de responsabilidad patrimonial previsto en el artículo 36 de la Ley 40/2015, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
Hay un plazo de alegaciones de 15 días.
Hay un plazo de audiencia de 10 días.
Hay un plazo para dictar sentencia por el órgano competente que es de 5 días.
Todas las afirmaciones anteriores son correctas.
6 - El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se devenga en la fecha de la transmisión:
Todas las respuestas son correctas.
Cuando se efectúe entre vivos o a causa de muerte.
Cuando sea a título gratuito.
Cuando sea a título oneroso.
7 - Respecto a los registros, la Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone:
Cada administración dispondrá de un Registro Electrónico General.
Cada administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en cada uno de sus departamentos.
Cada administración dispondrá de un Registro Electrónico General y de un Registro Electrónico Auxiliar.
Ninguna de las anteriores es correcta.
8 - El Defensor del Pueblo es una institución para la defensa de los derechos y deberes fundamentales recogidos en el Título Primero de la Constitución que se designa:
Por el Tribunal Constitucional.
Por el Senado.
Por las Cortes Generales.
Por el Gobierno, con el visto bueno del Congreso de los Diputados y del Senado.