Primer ejercicio parte 4 Administrativos/as (Turno libre) Universidad Complutense de Madrid 2022

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1 - La ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, contra los actos firmes en vía administrativa, solo procederá:
El recurso potestativo de reposición.
El recurso de alzada.
El recurso extraordinario de revisión cualesquiera que sean las circunstancias que concurran.
El recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art 125.1.
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2 - La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, determina que el plazo para la interposición del recurso de alzada será de:
Tres meses, si el acto fuera expreso.
Un mes, si el acto fuera expreso.
15 días, si el acto fuera expreso.
Dos meses, en todo caso.
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3 - Las universidades públicas se integran en el sector público institucional en base:
Al art. 2, 2, c de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Al art. 3, 2, c de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Al art. 2, 2, c de la Ley 39/2020 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Al art. 3, 2, c de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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4 - Según el artículo 5 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá la representación.
La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio que deje constancia de su existencia.
La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate.
Una vez concedida la representación el interesado no podrá comparecer por sí mismo en el procedimiento.
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5 - Según el art. 9 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes:
Sistemas basados en certificados digitales de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
Sistemas basados en certificados digitales de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de los sistemas previstos en las letras a) y b) del mencionado artículo, sea posible para todo procedimiento.
La aceptación de alguno de los sistemas de identificación del art. 9 citado, por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.
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6 - Los Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas está recogido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo:
14.
13.
18.
22.
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7 - Según el Artículo 15 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano.
Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma deberán utilizar la lengua que sea cooficial en ella.
En todo caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado.
Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en la lengua cooficial en la CCAA.
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8 - Según el art. 3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de:
Eficiencia.
Coordinación.
Concentración.
Centralización,.
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9 - Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán:
Aplicar el principio de proporcionalidad.
Elegir la medida más restrictiva.
No necesitan motivar su necesidad para la protección del interés público.
Podrán provocarse diferencias de trato discriminatorias cuando así se justifique.
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10 - Conforme al art. 47 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
No tienen la consideración de convenios los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.
No tienen la consideración de convenios los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico no tendrá que ajustarse a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.
Los convenios podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, se ajustarán a lo previsto en la legislación mercantil.
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