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1 - El texto “La Policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial.” Corresponde a:

Art. 126 de la Constitución Española.

Art. 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Art. 547 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Art. 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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2 - El Alcalde podrá, según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales:

Sí, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde, siendo sus derechos económicos y prestaciones sociales los de los miembros electivos.

Sí, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, incluido el Alcalde, no teniendo ningún derecho económico.

No podrá nombrar a personas no electas en ningún órgano de representación como la Junta de Gobierno Local.

No, en municipios de menos de 5.000 habitantes.

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3 - A los efectos señalados en el apartado 1 del artículo 282 bis, se considerará como delincuencia organizada la asociación de dos o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:

Delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos, previstos en el artículo 156 bis del Código Penal.

Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal.

Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código Penal.

Todo es falso, por estar mal formulada la pregunta.

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4 - El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Dependerá directamente:

Del Ministerio de Hacienda.

Del Ministerio de Economía.

Del Presidente del Gobierno.

De las Cortes Generales.

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5 - La resolución definitiva de un expediente de alteración de un término municipal es competencia del:

Pleno de la Corporación interesada.

Instituto Geográfico Nacional.

Ministerio de Política Territorial.

Consejo de Gobierno de la Comunidad Autonómica respectiva.

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6 - Los conductores de cualquier vehículo no podrán superarla tasa de alcohol en sangre de 0,3 gramos por litro, ni de alcohol en aire espirado de 0.15 miligramos por litro:

Durante los tres años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir.

Durante los dos años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir.

Durante los 6 meses siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir.

Durante los 5 años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir.

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7 - La LO 1/2004, de Protección Integral contra la Violencia de Género establece unos derechos a las funcionarias públicas:

Falso, todas las víctimas son iguales.

Cierto.

Solo para las funcionarias del Estado.

Solo para las funcionarias de prisiones.

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8 - En vehículos importados desde otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo ¿qué Estado asume el riesgo por los accidentes que se puedan producir durante su traslado y hasta su matriculación en el Estado de destino?

El Estado de origen del vehículo en cualquier caso y por cualquier periodo de tiempo.

El Estado de destino del vehículo durante un periodo de treinta días a contar desde la aceptación de la entrega por el comprador aunque el vehículo no haya sido matriculado en dicho Estado.

El Estado de destino del vehículo durante un periodo de treinta días a contar desde la aceptación de la entrega por el comprador si el vehículo lo hubiera sido matriculado en dicho Estado.

El Estado de destino del vehículo durante un periodo de sesenta días a contar desde la aceptación de la entrega por el comprador si el vehículo lo hubiera sido matriculado en dicho Estado.