1 - La Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, añade en la actuación de la Administración, los principios de:
Buena fe y confianza legítima.
Eficiencia y servicio a los ciudadanos.
Transparencia y de participación.
Cooperación y colaboración.
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2 - Ante la insuficiencia u oscuridad de preceptos legales:
La resolución consistirá en la inadmisión.
La Administración desestimará la solicitud.
La Administración se abstendrá de resolver.
La Administración no podrá abstenerse de resolver.
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3 - De los supuestos que a continuación se enumeran, uno no se corresponde con un plazo de tres meses:
Plazo de interposición del recurso potestativo de reposición contra un acto presunto.
Período de tiempo que debe transcurrir desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad de un acto anulable y que conduce a la caducidad del mismo.
Plazo máximo para dictar y notificar el recurso de alzada.
Todas se corresponden con un plazo de tres meses.
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4 - En el recurso contencioso-administrativo no es un plazo de 20 días:
El que cuenta la Administración para remitir el expediente administrativo.
El que cuentan los posibles interesados para personarse como demandado.
El del recurrente para formalizar la demanda.
El de los demandados para contestar a la demanda.
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5 - El transcurso del plazo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órganos de la misma o distinta administración:
El plazo máximo de interrupción será de tres meses.
El plazo máximo de interrupción será de dos meses.
El plazo máximo de interrupción será de un mes.
No se determina plazo máximo.
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6 - La no manifestación, inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará:
la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos.
Las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Las dos respuestas anteriores son correctas.
Ninguna es cierta.
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7 - La incoación del procedimiento sancionador disciplinario de un funcionario deberá ser notificado al funcionario sujeto a expediente a los efectos de:
Recusación.
Abstención.
Resolución.
Que manifieste su arrepentimiento.
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8 - De acuerdo con el art. 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio (señale la incorrecta):
A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, así como al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.
A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación, así como a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus compañeros de las tareas a desarrollar.
A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.
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9 - ¿Qué opción de Word nos permitirá relacionar archivos?
Un comentario.
Un marcador.
Un símbolo.
Un hipervínculo.
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10 - Según el art. 128.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en los contratos de concesión de obra pública:
La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el plazo no inferior a 10 días ni superior a 15.
La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el plazo de un mes.
La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el plazo de un quince días y ocho mas previo anuncio en el BOP.
La Administración concedente podrá someter, si razones de complejidad técnica así lo aconsejan, el estudio de viabilidad a información pública por el plazo de un mes.