Parte 58 - Cuestionarios tipo test - Ley 39/2015, de 1 de octubre

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1 - Conforme a la Disposición final primera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, qué competencia atribuye el artículo 149.1.18.ª de la Constitución al Estado en relación con el régimen jurídico de las Administraciones Públicas
La competencia compartida para dictar el desarrollo reglamentario del régimen jurídico de las Administraciones Públicas
La competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas
La competencia exclusiva para dictar el régimen jurídico íntegro de las Administraciones Públicas
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2 - Según la Disposición final primera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, qué materias, además de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, se incluyen en la competencia estatal del artículo 149.1.18.ª CE
Procedimiento administrativo común y sistema sancionador de todas las Administraciones Públicas
Procedimiento administrativo especial y sistema de responsabilidad patrimonial del Estado
Procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas
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3 - Según la Disposición final segunda de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que añade el apartado 11 al artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, ¿qué se establece respecto a los sistemas de identificación y firma electrónica previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público?
Que todos los sistemas de identificación y firma electrónica previstos en dichas leyes tendrán plenos efectos jurídicos.
Que todos los sistemas de identificación y firma electrónica previstos en dichas leyes tendrán efectos jurídicos limitados.
Que solo algunos sistemas de identificación y firma electrónica previstos en dichas leyes tendrán plenos efectos jurídicos.
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4 - Según la Disposición final cuarta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cómo deben entenderse las referencias realizadas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre?
Se entenderán hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, según corresponda.
Se entenderán hechas exclusivamente a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, salvo disposición en contrario.
Se entenderán hechas exclusivamente a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter supletorio.
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5 - Según la Disposición final quinta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿qué plazo se establece para adecuar las normas reguladoras incompatibles con lo previsto en la Ley?
Un año a partir de la publicación de la Ley en el «Boletín Oficial del Estado»
Un año a partir de la entrada en vigor de la Ley
Un año a partir de la aprobación parlamentaria de la Ley
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6 - Conforme a la Disposición final quinta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿qué tipo de normas deben adecuarse a la Ley en el plazo previsto?
Las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos procedimientos normativos incompatibles con lo previsto en la Ley
Las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos procedimientos sancionadores incompatibles con lo previsto en la Ley
Las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos procedimientos administrativos incompatibles con lo previsto en la Ley
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7 - Según la Disposición final sexta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿a quién se faculta para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de la Ley?
Exclusivamente al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, con independencia de su ámbito competencial
Al Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias
Exclusivamente al Consejo de Ministros, con independencia de su ámbito competencial
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8 - Conforme a la Disposición final sexta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, además de dictar disposiciones reglamentarias, ¿qué otra facultad se atribuye al Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas?
Acordar las medidas necesarias para garantizar la mera aprobación formal de las previsiones de la Ley
Acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecución e implantación de las previsiones de la Ley
Acordar las medidas necesarias para garantizar la eventual suspensión e inaplicación de las previsiones de la Ley
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9 - Según la Disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cuál es la regla general sobre la entrada en vigor de la Ley tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»?
La Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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10 - Conforme a la Disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿a partir de qué fecha producen efectos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico?
Producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.
Producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021.
Producirán efectos a partir del día 1 de abril de 2021.