Test 47 - Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

1 - De conformidad con la Ley 39/2015, los actos de la Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:

Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Retroactivamente cuando se trate de actos que produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha en que se retrotraiga la eficacia del acto y no se lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

En todo caso desde la fecha en que se notifiquen.

2 - El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento y:

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Este plazo no podrá exceder de cuatro meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Este plazo no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Este plazo no podrá exceder de un año salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

3 - Dentro de la ordenación del procedimiento administrativo, los expedientes, según artículo 70.2 de la Ley 39/2015:

Podrán tener formato electrónico.

Tendrán formato electrónico.

Tendrán formato electrónico si así lo desean los interesados.

Tendrán formato papel y si las dependencias administrativas tienen medios electrónicos podrán tener formato electrónico.

4 - En cuanto a lo previsto en el Artículo 68 de la Ley 39/2015 relativo a Subsanación y mejora de la solicitud:

Si la solicitud de iniciación reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 31.

Todas las anteriores son falsas.

5 - Según el art. 35 de la ley 39/2015, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: (señala la incorrecta):

Los actos que limiten derechos subjetivos e intereses legítimos.

Los actos que aprueben pruebas propuestas por los interesados.

Los acuerdos de ampliación de plazos.

Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia.

6 - ¿En aplicación de qué principio deben posibilitar las Administraciones Públicas el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración?

Eficacia.

Transparencia.

Participación.

Libre acceso.

7 - La relación electrónica con las Administraciones Públicas para las personas jurídicas:

Es una obligación.

Es una opción.

Es igual que para las personas físicas.

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

8 - En relación al derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas establecidos en la Ley 39/2015, es FALSO que:

Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

El medio elegido por las personas físicas para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquellas en cualquier momento.

En todo caso, las personas jurídicas estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

Si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas.

9 - Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general:

No cabrá recurso en vía administrativa.

Sólo cabe recurso de alzada.

Sólo cabe recurso potestativo de reposición.

Cabe recurso de alzada o potestativo de reposición indistintamente.

10 - En cuanto al silencio administrativo en el procedimiento iniciado a instancia del interesado prevista en el artículo 24.2 de la Ley 39/2015:

La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo iniciador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo iniciador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición contencioso-administrativo que resulte procedente.

La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La estimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

Todas las respuestas anteriores son falsas.

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