Test 58 - Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

1 - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, salvo que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, archivándose el expediente sin más trámite. Este archivo deberá comunicarse al presentador del escrito en el plazo de diez días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate. La Unidad Administrativa que trámite el expediente ordenará su inmediato archivo.

2 - El recurso potestativo de reposición:

Debe interponerse ante el mismo órgano que dictó la resolución.

Sólo puede interponerse contra la resolución que no pone fin al procedimiento administrativo.

Sólo puede interponerse ante reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

Podrá ser interpuestos ante las resoluciones definitivas de los Tribunales y órganos de selección de personal al servicio de las Administraciones Públicas.

3 - Las Causas de inadmisión de los recursos Administrativos conforme al artículo 116 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas son las siguientes:

Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público; Carecer de legitimación el recurrente; Tratarse de un acto susceptible de recurso; Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso; Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público; Carecer de legitimación el recurrente; Tratarse de un acto no susceptible de recurso; Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso; Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público; Carecer de legitimación el recurrente; Tratarse de un acto susceptible de recurso; Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso; Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Ser incompetente el órgano administrativo. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público; Carecer de legitimación el recurrente; Tratarse de un acto no susceptible de recurso; Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso; Carecer el recurso de fundamento.

4 - La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su art. 128 que:

El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales.

Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Las respuestas a, b y c son todas correctas.

5 - Los defectos formales en un acto, según reconoce expresamente la Ley:

Lo vician con nulidad absoluta.

Lo vician con anulabilidad en todo caso.

Pueden dar lugar a la nulidad parcial si producen indefensión.

Pueden dar lugar a la anulabilidad si causan indefensión de los interesados.

6 - Según establece la ley 39/2015 en su artículo 47, serán actos de las Administraciones Públicas considerados nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

Los que tengan un contenido imposible.

Los que lesionen los derechos y libertades.

Los que se dicten como lesivos.

Los vulnerables del normal desarrollo del acogimiento al derech0.

7 - Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente en el momento de entregarse y no se pudiese hacer cargo de la misma ninguna persona mayor de catorce años, el intento se repetirá por una sola vez:

En hora distinta dentro de los tres días siguientes.

En hora distinta dentro de los dos días siguientes.

En hora distinta al día siguiente.

Ninguna de las respuestas es correcta.

8 - Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De la actividad de las Administraciones Públicas. Suspensión del plazo máximo para resolver. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender, ¿en qué casos?

Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.

Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea.

Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate.

Todas las respuestas son correctas.

9 - De acuerdo con lo previsto en el artículo 56.1 de la Ley 39/2015 en cuanto a las medidas provisionales:

Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para incoar, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para confirmar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

Todas las anteriores son falsas.

10 - En relación con el desistimiento y la renuncia:

La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará suspendido el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo tercero interesado, instasen éstos su continuación en el plazo de quince días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

Todas las respuestas anteriores son falsas.

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