Test 82 - Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

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1 - De acuerdo con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos de naturaleza sancionadora:
Pueden iniciarse de oficio o a solicitud del interesado y se establecerá la debida separación entre la fase instructora y sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.
Se iniciarán siempre a solicitud del interesado en el procedimiento.
Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.
Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente sin que exista separación entre la fase instructora y sancionadora, que se encomendará al mismo órgano.
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2 - De conformidad con el contenido del artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar:
La notificación se hará de forma preceptiva por medio dé un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia que corresponda.
La notificación se hará de forma preceptiva por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
La notificación se hará de forma preceptiva por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma que corresponda.
La notificación se hará de forma preceptiva por medio de un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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3 - De acuerdo con el artículo 117 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario:
Suspenderá la ejecución del acto impugnado.
No suspenderá la ejecución del acto impugnado.
Ejecutará la ejecución al acto suspendido.
Impugnará la nulidad del acto ejecutado.
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4 - Según el art. 82 de la Ley 39/2015, si antes de la finalización del plazo del trámite de audiencia los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones:
El trámite se tendrá por realizado a los tres días de la manifestación del interesado.
El trámite se tendrá por realizado a los cinco días de la manifestación del interesado.
El trámite se tendrá por realizado cuando finalice el plazo.
Se tendrá por realizado el trámite.
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5 - A tenor de lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 39/2015, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para su resolución, este será de:
3 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos iniciados de oficio.
6 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos iniciados de oficio.
3 meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquier registro electrónico en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
6 meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquier registro electrónico en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
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6 - ¿Cuál de los siguientes derechos no es uno de los reconocidos en el artículo 53 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
Derecho a no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.
Derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
Derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
Derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
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7 - La promulgación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales ha traído dos modificaciones, en la Ley 39/2015, del Procedimiento administrativo Común, siendo una de ellas la contenida en:
Los apartados 1 y 2 del artículo 26.
Los apartados 1 y 2 del artículo 53.
Los apartados 2 y 3 del artículo 9.
Los apartados 2 y 3 del artículo 28.
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8 - En qué casos la Ley 39/2015 configura la obligación de las Administraciones Públicas de prestar asistencia en el uso de los medios electrónicos a los interesados:
Únicamente a las personas vulnerables que carezcan de conocimientos o habilidades para recibir comunicación por medios electrónicos por sí misma.
Únicamente a las personas físicas no obligadas al uso de medios electrónicos.
Únicamente a los que carezcan de firma digital.
Se prestará asistencia a cualquier administrado que lo requiera.
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9 - En relación a la caducidad del procedimiento administrativo a tenor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
La inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites no produce la caducidad del procedimiento aunque haya sido apercibido por parte de la Administración en ese sentido.
La declaración de caducidad de un procedimiento no será objeto de recurso sin bien podrá alegarse contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
Podrá no acordarse la caducidad en determinados supuestos legalmente establecidos.
Todas son verdaderas.
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10 - ¿Quiénes determinarán las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas de las Entidades Locales, con sujeción a los principios establecidos en el artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común?
La Comisión Sectorial de Administración Electrónica.
Cada Entidad Local en el ejercicio de sus competencias.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Secretaría General de Administración Digital.
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